En el marco de las acciones de acercamiento ciudadano, el Grupo de Policía Comunitaria desarrolló una exitosa jornada comunitaria en el barrio La Coquera, en coordinación con la Fundación Emprender Internacional, el presidente de la Junta de Acción Comunal y los habitantes del sector.

Durante la actividad se llevó a cabo una “Olla Comunitaria”, acompañada de espacios recreativos, dinámicas de integración y momentos de diálogo con los niños, niñas, adolescentes y familias participantes. Esta iniciativa tuvo como propósito promover la corresponsabilidad, la unión y el fortalecimiento de la convivencia en este importante sector del municipio.

La subteniente Andrea Ibañez, jefe de Policía Comunitaria, destacó que la jornada se desarrolló en un ambiente de armonía y participación activa, cumpliendo los siguientes objetivos:

• Impulsar el trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Junta de Acción Comunal y la Fundación Emprender Internacional, fortaleciendo la presencia institucional y los vínculos con los ciudadanos.
• Generar espacios de escucha y confianza, favoreciendo el diálogo y el trabajo en equipo con la comunidad.
• Reafirmar el compromiso institucional con la seguridad, la convivencia y el apoyo a población vulnerable mediante actividades integradoras.
• Promover la construcción conjunta de seguridad, basada en la unión, el respeto y la cercanía entre Policía y ciudadanía.

La Policía Metropolitana de Montería reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades rurales y urbanas, fortaleciendo cada día los lazos de confianza que permiten avanzar hacia territorios más seguros y armoniosos.

En el marco de la Estrategia E-PAÍS, la Policía Metropolitana de Montería, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, adelantó una actividad preventiva orientada a la prevención del suicidio, con el propósito de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de reconocer señales de alerta y brindar acompañamiento oportuno a niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, los uniformados socializaron pautas para el fortalecimiento de la salud mental, la adecuada gestión de las emociones, así como los factores de riesgo y las rutas de atención dispuestas por las autoridades competentes. También se resaltó el papel fundamental del apoyo familiar y comunitario como base para la protección integral y la detección temprana de situaciones que puedan afectar la vida y el bienestar de los menores.

El capitán Johnneyth Lora Salgado, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, destacó que estas acciones se fortalecen de manera permanente con el fin de brindar herramientas a la ciudadanía y promover entornos seguros: “Nuestro compromiso es acompañar a la comunidad, generar espacios de confianza y orientar a las familias para prevenir situaciones que amenacen la integridad emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

La Policía Metropolitana de Montería continuará desarrollando actividades preventivas y articulando esfuerzos interinstitucionales para salvaguardar la vida y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.

En el marco de la Estrategia E-PAIS “Una Navidad con Compromiso”, la Policía Metropolitana, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y la Unidad de Turismo (GUTUR), adelantó una serie de intervenciones preventivas orientadas a evitar la comercialización y manipulación de pólvora, especialmente por parte de niños, niñas y adolescentes.

Durante las jornadas, se sensibilizó a comerciantes y a la ciudadanía sobre las sanciones contempladas en los artículos 30 y 38 de la Ley 1801 de 2016, recordando que el uso de pólvora representa un riesgo significativo para la integridad de los menores y puede generar medidas correctivas para los adultos responsables.

La Policía Metropolitana hace un llamado a la comunidad para reportar de manera inmediata cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a las líneas 123 (Policía Nacional), 141 (ICBF) o a la línea de la Patrulla PAIS-4: 317 454 4806.

El capitán Johnneyth Lora Salgado, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, indicó: “Seguimos comprometidos con proteger la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes durante esta temporada decembrina”.

En el marco de la Estrategia E-PAIS, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, desarrolló una jornada preventiva en el barrio Santa del sur de la ciudad, orientada a promover el uso adecuado y responsable de las redes sociales entre niños, niñas y adolescentes.

Durante la actividad, se sensibilizó a padres, cuidadores y a la comunidad en general sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de las plataformas digitales, tales como el contacto con desconocidos, la difusión de información personal, el acoso virtual y la exposición a contenidos inapropiados. Así mismo, se brindaron pautas para fortalecer la supervisión parental y fomentar hábitos seguros en el entorno digital.

La Policía entregó material informativo y socializó las líneas de atención 123 (Policía Nacional) y 141 (ICBF), a través de las cuales se pueden reportar situaciones que vulneren los derechos de menores de edad o pongan en riesgo su integridad.

El capitán Johnneyth Lora Salgado, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, reafirmó el compromiso institucional con la protección integral de la niñez y la adolescencia, destacando que estas acciones preventivas permiten fortalecer entornos digitales seguros y promover una convivencia responsable en el ámbito virtual.

La Seccional de Protección y Servicios Especiales reitera su compromiso permanente con la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante estrategias preventivas que contribuyen a entornos digitales más seguros y a una convivencia sana y responsable.

Tras una investigación que se extendió por aproximadamente tres años, autoridades materializaron las órdenes de captura contra Eduar Ordoñez, conocido como “Chepe” o “Eduard”, señalado como cabecilla de la Compañía Antonio Ruiz, y Yamile Santiago, conocida como “Yamile”, quienes serían integrantes de la columna Jacobo Arenas del Frente 33 de las disidencias de las FARC. A estas personas se les investiga por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y secuestro, reclutamiento ilícito y financiación del terrorismo.

De acuerdo con la investigación, “Chepe” habría liderado diversas acciones criminales en los municipios de Tibú, El Tarra y El Zulia, operando principalmente desde las veredas Campo Alicia, Pan de Azúcar y Gratamira, en este último municipio. Presuntamente contaba con un grupo aproximado de 30 hombres armados y entrenados bajo su mando.

Las autoridades también señalan que mantuvo confrontaciones armadas con la Fuerza Pública, incluyendo el uso de explosivos, en zona rural de El Zulia durante agosto de 2024.

Asimismo, se habría reunido de manera clandestina con alias “La Profe”, capturada en agosto de 2024, con el presunto propósito de convocar a la comunidad e incitar al reclutamiento de menores de 14 años para esa estructura armada.

Según las investigaciones, “Chepe” ejercería un liderazgo fuerte y reservado, con capacidad de mando e intimidación, lo que habría generado afectaciones y amenazas a líderes sociales y firmantes de paz en su zona de influencia.

Por su parte, “Yamile” sería considerada una pieza clave dentro de la estructura, pues su rol mostraba un vínculo constante con miembros de mayor jerarquía, particularmente con alias “Lalo”, cabecilla urbano en Tibú, y con “Chepe”, quien sería su compañero sentimental. Entre sus funciones estaría la coordinación de movimientos de personas retenidas, la elaboración de reportes de hechos delictivos y el enlace entre familiares de retenidos y la organización.

Ambas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, donde un juez ordenó medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario.

En el marco de las acciones contundentes contra la extorsión y las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, unidades del GAULA de la Policía Valle materializaron la aprehensión en flagrancia de un menor de edad, quien sería presuntamente integrante del grupo delincuencial común organizado “Los 300”. El procedimiento se realizó cuando el joven se dirigía a recibir una exigencia económica de $15.000.000 a un ciudadano propietario de un centro educativo para jóvenes y adultos en Palmira.

La acción operacional se desarrolló en zona urbana del municipio, mediante un plan antiextorsión controlado que permitió interceptar al sujeto justo en el momento en que pretendía recibir el dinero en el centro comercial Unicentro.

El menor aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le impuso medida de internamiento preventivo en un centro para adolescentes, donde deberá responder por el delito de extorsión, conforme al Código Penal colombiano.

La Policía Nacional, a través del GAULA, hace un llamado a la ciudadanía para que confíe en las instituciones y denuncie de manera oportuna cualquier modalidad de extorsión o secuestro. Se recuerda que “el que paga una vez, seguirá pagando toda su vida”.

En un trabajo coordinado con la Gobernación del Valle del Cauca, personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en articulación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó ocho diligencias de allanamiento y registro que permitieron la captura de seis personas por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Durante las acciones operativas se logró la incautación de:

• 720.209 tiquetes de rifas
• $9.013.000 en efectivo
• 02 CPU
• 02 computadores
• 06 teléfonos celulares
• 01 tableta
• 01 DVR
• 33 plantillas de impresión

Esta actividad ilegal ocasiona una grave pérdida de recursos destinados a la salud pública, debido a la evasión tributaria derivada de su operación al margen del sistema fiscal. Los impuestos no recaudados afectan directamente la financiación del sistema de salud y, en consecuencia, el bienestar de la comunidad.

Asimismo, se identificó que parte de las ganancias generadas era entregada a estructuras criminales, fortaleciendo economías ilícitas y afectando la seguridad y estabilidad del departamento.

Las investigaciones permitieron establecer que este grupo operaba de manera organizada, con un reparto de roles individualizados pero articulados para asegurar el funcionamiento continuo de la actividad monopolística ilícita. Su operación consistía en la realización de rifas tres veces al día, todos los días del mes, ofreciendo premios en dinero y evadiendo los impuestos exigidos por la ley, fundamentales para el sostenimiento de la red pública de salud del departamento del Valle del Cauca.

La red ilegal, asentada en el municipio de Buga, contaba con un andamiaje criminal que incluía coordinadores de ventas, distribuidores de boletería en diferentes sectores y encargados de la recolección del dinero producto de la actividad ilícita. Para la comercialización en vía pública, los capturados empleaban adultos mayores y personas con discapacidades físicas, estrategia utilizada para intentar evadir la acción de las autoridades y dificultar los controles policiales.

De igual forma, se identificaron los lugares destinados a la elaboración de la boletería, donde fueron incautados tiquetes listos para su distribución durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, lo que evidencia la capacidad operativa y la persistencia de la actividad delictiva.

Las autoridades, junto con la Gobernación del Valle del Cauca, reiteran su compromiso de combatir de manera frontal las actividades que vulneran los recursos públicos y afectan la calidad de vida de los vallecaucanos.

En el marco de la ofensiva nacional contra la extorsión, el GAULA de la Policía Boyacá, en coordinación con la Fiscalía Especializada, desarrolló una operación simultánea en Bogotá D.C., Medellín y Bucaramanga, que permitió afectar significativamente a una estructura señalada de ejecutar cobros ilegales mediante distintas modalidades engañosas.

La intervención fue resultado de una investigación de seis meses, tiempo en el que los investigadores lograron identificar el modo de operación del grupo y su presunta responsabilidad en la recepción de dinero producto de actividades extorsivas. Según las autoridades, los implicados se valían de la suplantación subversiva y del falso servicio para intimidar y engañar a sus víctimas en el departamento de Boyacá.

Durante el operativo se realizaron capturas por orden judicial y se adelantaron imputaciones contra otros presuntos integrantes de la red. De acuerdo con la información recopilada, estas personas tendrían antecedentes por delitos como extorsión, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, amenazas, secuestro y estafa. Así mismo, se investiga su vinculación con una estructura conocida como “Los Ingenieros 2”.

Las exigencias económicas atribuidas a esta red podrían ascender a cerca de 60 millones de pesos, según estimaciones de las autoridades. Aunque hasta el momento se registra una víctima con denuncia formal, no se descarta que existan más personas afectadas por las acciones de este grupo.