Un nuevo resultado contra las estructuras dedicadas al hurto y comercialización irregular de vehículos se registró en Neiva, donde uniformados de la Policía Nacional y su Grupo de Operaciones Especiales capturaron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta que presentaba graves inconsistencias en sus sistemas de identificación.

Durante los controles adelantados en vía pública, los uniformados verificaron una motocicleta y encontraron que la placa que portaba no era auténtica.

La inspección permitió establecer, además, que los números de chasis y motor presentaban regrabación, características que no corresponderían a los sistemas originales de marcación utilizados por el fabricante.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la captura del ciudadano por el delito de falsedad marcaria, contemplado en el artículo 285 del Código Penal, y a la recuperación del vehículo, que quedó a disposición de la autoridad competente para los procedimientos judiciales correspondientes.

"Nuestros uniformados están atentos a cada detalle durante los procedimientos de control. Una placa irregular o una marcación alterada puede ser la primera señal de un vehículo que pretende ser puesto en circulación de manera fraudulenta. Seguiremos fortaleciendo estas acciones para proteger el patrimonio de los ciudadanos y cerrarles el paso a quienes pretenden utilizar vehículos de procedencia irregular en nuestra ciudad", manifestó el coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

En el marco de los controles para prevenir el hurto y la comercialización ilegal de vehículos, la Policía Nacional en Neiva logró la captura de un ciudadano por el delito de falsedad marcaria, tras establecer presuntas alteraciones en los sistemas de identificación de un automotor.

En desarrollo de los planes de control, registro, solicitud de antecedentes y verificación de vehículos que adelanta la Policía Nacional de Neiva, uniformados del GOES realizaron un procedimiento en la carrera 2 con calle 20, vía pública de Neiva, donde fue requerido un ciudadano que se movilizaba en un vehículo.

Durante la verificación de los sistemas de identificación del automotor, los uniformados evidenciaron inconsistencias en los números correspondientes al chasis y motor, los cuales presentaban características que no corresponderían a los patrones originales establecidos por el fabricante.

Ante esta situación, se procedió a la captura del ciudadano por el delito de falsedad marcaria, contemplado en el artículo 285 del Código Penal, y a la recuperación del vehículo, que quedó a disposición de la autoridad competente para los procedimientos judiciales correspondientes.

"Este tipo de procedimientos nos permite prevenir el hurto de automotores y afectar las actividades relacionadas con su adulteración y comercialización ilegal. Seguiremos trabajando de manera contundente para garantizar la seguridad de los ciudadanos en Neiva", señaló el coronel Alex Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo los controles en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de prevenir el hurto de vehículos y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

En el marco de la cooperación judicial internacional y el intercambio de información con la Policía de la República del Ecuador, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), materializó la retención del ciudadano colombo-ecuatoriano conocido en el entorno delictivo como alias “Alejo”, quien es señalado como presunto cabecilla de comisión armada y articulador de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 48 “Comandos de Frontera” (CNEB), con injerencia criminal directa en el departamento del Putumayo y la zona de frontera con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

La retención se dio en vía pública del municipio de Puerto Asís (Putumayo), por policías del Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (GRATE) de la DIJIN, quienes le seguían el rastro desde septiembre del año 2024.

Con una trayectoria criminal de más de 10 años, alias “Alejo” era el responsable del control criminal sobre el eje fluvial del río Putumayo, corredor estratégico binacional utilizado por esta organización narcoterrorista para el transporte y acopio de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia territorio ecuatoriano.

Según las investigaciones, alias “Alejo” administraba los recursos ilícitos del grupo armado residual, coordinando el pago mensual de nóminas criminales con montos que oscilaban entre los $2.000.000 y los $10.000.000 de pesos colombianos a sus integrantes, en retribución al sostenimiento de actividades armadas y extorsivas.

De manera paralela, presuntamente adelantaba maniobras de blanqueo de capitales mediante la modalidad de testaferrato, adquiriendo bienes muebles e inmuebles financiados con dineros del narcotráfico y la extorsión, los cuales eran registrados formalmente a nombre de sus allegados.

Contra alias “Alejo” pesaba una notificación roja de INTERPOL, expedida a solicitud del Juzgado de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos (Ecuador), por el delito de secuestro extorsivo. De acuerdo con las investigaciones coordinadas con la Policía Ecuatoriana, el 27 de marzo de 2019 habría participado activamente en el secuestro extorsivo del ciudadano ecuatoriano Vidal Salinas Sarmiento, de 73 años de edad, cuando ingresó con tres sujetos fuertemente armados, provistos de fusiles de asalto y pasamontañas, al hotel Sumac Amazónico, ubicado en la parroquia Pacayacu de la provincia de Sucumbíos. De manera agresiva y sorpresiva, lo sacaron del lugar y lo embarcaron en una camioneta de color blanco.

Durante el secuestro, los sujetos armados se identificaron como integrantes de las extintas FARC-EP y, posteriormente, mediante llamadas telefónicas y mensajes, exigían a los familiares de la víctima el pago de 500.000 dólares por su rescate. A la fecha, la víctima permanece desaparecida.

Una vez las autoridades ecuatorianas informaron a la DIJIN sobre la posibilidad de que alias “Alejo” se ocultara en el departamento del Putumayo, con una identidad colombiana a nombre de Alejandro Quisacue Mera, el organismo dispuso de varios investigadores y funcionarios de INTERPOL, quienes, con el apoyo de las autoridades ecuatorianas, lograron establecer su ubicación y posterior retención.

Alias “Alejo” será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Bogotá, para dejarlo a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de dar inicio a los trámites administrativos y legales derivados de su requerimiento por parte de la justicia del vecino país.

En una contundente operación contra los delitos que vulneran la integridad de niños, niñas y adolescentes, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo decidido y de confianza de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, logró la captura por orden judicial de alias “Alex”, presunto agresor sexual serial en el municipio de Soacha (Cundinamarca). Durante el procedimiento se hizo efectiva la protección y rescate de una menor de siete años de edad.

El operativo se llevó a cabo mediante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda del municipio de Soacha, donde se materializó la orden de captura en contra del presunto abusador por los delitos de pornografía con menor de 18 años y acceso carnal violento. La víctima rescatada, identificada como su hijastra, fue puesta bajo custodia de las autoridades competentes para el respectivo proceso de restablecimiento de derechos.

Las investigaciones técnicas y el cruce de información transnacional revelaron la gravedad de las actividades ilícitas de alias “Alex”. El sujeto está vinculado a 53 alertas globales debido a la transmisión de más de 2.000 archivos de fotografía y video que registran el abuso sexual sistemático de víctimas de entre 3 y 7 años. Además, se dedicaba a la producción de material digital de abuso sexual de menores. De este archivo digital, al menos 30 piezas audiovisuales correspondían a producciones propias donde la víctima era su hijastra de siete años.

Según el acervo probatorio, alias “Alex” cuenta con una sentencia condenatoria vigente a 10 años de prisión por el delito de acto sexual violento y registraba dos órdenes de captura vigentes por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Según las investigaciones, alias “Alex” circulaba por las calles de la ciudad de Bogotá D. C. y el municipio de Soacha (Cundinamarca), suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido ante las autoridades. Asimismo, en el año 2024 habría solicitado el cambio de sus nombres ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, trámite que no fue avalado por la entidad.

Durante la inspección del inmueble, los peritos forenses realizaron análisis de campo y lograron la incautación de un computador portátil y un teléfono celular, equipos que presuntamente eran utilizados para el almacenamiento, producción y distribución del material ilícito en la red.

Alias “Alex” fue presentado mediante audiencia virtual ante un juez de control de garantías, quien dio legalidad a su captura, al allanamiento y a los elementos materiales probatorios incautados. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años. El juez profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

En el marco de una ofensiva sostenida contra las redes de apoyo logístico y abastecimiento de explosivos a las estructuras criminales, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró desarticular el Grupo de Delincuencia Común Organizada “Orión”, mediante varias diligencias de registro y allanamiento efectuadas en la ciudad de Medellín y el municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia, así como en los municipios de Lenguazaque, Guachetá, Ubaté y Pacho, en Cundinamarca, donde se materializaron las capturas, por orden judicial, de alias “Mauro”, señalado cabecilla de la organización, junto con cinco de sus integrantes.

Las investigaciones y labores de inteligencia permitieron determinar que el material explosivo era adquirido en países como Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. Los cargamentos de explosivos y precursores químicos ingresaban clandestinamente a territorio colombiano por el municipio fronterizo de Ipiales (Nariño), desde donde eran distribuidos al interior del país mediante camuflaje en encomiendas.

Los artefactos e insumos químicos eran ocultados en bultos de fertilizantes agrícolas y transportados a través de empresas de mensajería intermunicipal para evadir los controles de las autoridades, exponiendo a los integrantes de las empresas de transporte y mensajería a riesgos inminentes.

La organización criminal había migrado a una modalidad de desvío de insumos explosivos mediante el engaño a empresas legalmente constituidas y autorizadas, utilizando documentación con información espuria para adquirir material de manera formal y desviarlo posteriormente hacia grupos armados organizados (GAO) y redes de delincuencia organizada.

El material explosivo abastecía zonas de injerencia criminal en Antioquia, Arauca, Cundinamarca y Boyacá, destinado tanto a atentados terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura crítica como a la explotación ilícita de yacimientos mineros, principal fuente de financiación criminal en esas regiones.

El Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los Orión” mantenía un margen de rentabilidad cercano al 200 %, generando ganancias criminales estimadas en 1.830 millones de pesos al año. Mientras que cada detonador era adquirido en el exterior por un valor aproximado de 20.000 pesos, en Colombia se comercializaba hasta en el doble de su precio, dependiendo de la estructura criminal armada receptora.

En el operativo se logró la incautación de elementos clave para la logística bélica y financiera de la estructura criminal, entre los que se encuentran 17.000 detonadores de origen boliviano; 100 kilogramos de clorato de potasio (químico empleado para la fabricación de Artefactos Explosivos Improvisados - AEI); una escopeta calibre 16 y un arma traumática con seis cartuchos; seis cartuchos de diferentes calibres; $7.200.000 en efectivo; nueve teléfonos celulares y un vehículo utilizado para labores logísticas.

Los capturados son alias “Mauro”, alias “Simón”, alias “Chivito”, alias “Paisa” o “Paisita” y otro sujeto. A este último le fueron incautados el vehículo y los 17.000 detonadores.

Con este resultado se neutraliza una línea de abastecimiento vinculada a alias “El Viejo”, presunto enlace de armamento y explosivos capturado el pasado 12 de mayo. A lo largo del proceso judicial adelantado contra esta organización delincuencial, el Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (GRATE) de la DIJIN ha llevado a cabo ocho capturas y la incautación de más de 6,7 toneladas de explosivos e insumos (incluidos nitrato de amonio y ANFO), 22.100 detonadores, 1.505 barras de indugel y más de 4.000 metros de cordón detonante y mecha de seguridad.

Los capturados, junto con los elementos incautados, serán presentados en audiencia pública ante un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación les imputará cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y concierto para delinquir.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo decidido y de confianza de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, logró la captura con fines de extradición, en vía pública del barrio Santa Bárbara de la ciudad de Bogotá, de un ciudadano colombiano conocido con el alias de “Skary”, presunto cabecilla de una estructura delincuencial dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes, quien es requerido por la justicia estadounidense para responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

La captura de esta persona fue coordinada con la Fiscalía 11 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, implementando técnicas especiales de investigación que incluyeron la figura de agente encubierto y entregas vigiladas y controladas.

Dentro de los antecedentes de la investigación se destaca que, el 23 de noviembre de 2023, en el occidente de Bogotá, la DIJIN incautó más de 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína, confirmados mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH). Dicho cargamento fue entregado directamente por alias “Skary”, en compañía de dos de sus colaboradores logísticos, conocidos con los alias de “Ney” y “Richi”.

Durante la investigación se logró determinar que la organización mantenía su centro de acopio y coordinación en la capital del país. Desde allí, gestionaban la salida del estupefaciente empleando rutas aéreas y marítimas con destino final a la ciudad de Miami (Florida), donde contaban con enlaces para la distribución y comercialización del alcaloide. Tras el decomiso efectuado en 2023 y debido a fracturas internas dentro de la red delictiva, la estructura no logró consolidar nuevos despachos hacia el exterior.

Este operativo se fundamenta en los instrumentos de cooperación jurídica internacional previstos en la Convención de Viena de 1988 y la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La captura con fines de extradición se materializó conforme a una Nota Verbal emitida por la delegación diplomática estadounidense, a solicitud de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos.

Alias “Skary” fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.

Este resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional de Colombia y de las autoridades estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.

¡Seguimos trabajando por un país más seguro y libre de drogas!