La Policía Metropolitana de Montería, a través de sus especialidades, realizó patrullaje fluvial sobre el río Sinú, desde el sector de Sierra Chiquita hasta el barrio Garzones, con el propósito de fortalecer la seguridad, supervisar la actividad marítima y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Durante el recorrido se verificó la documentación requerida para el funcionamiento de los planchones artesanales y de las empresas que operan embarcaciones turísticas. Asimismo, se emitieron recomendaciones de seguridad y se socializaron aspectos de la Ley 1242 de 2008, relacionada con el Código de Navegación y Actividad Fluvial, así como el Decreto 1076 de 2015 y otras disposiciones ambientales orientadas al desarrollo sostenible.

La Subteniente Andrea Ibañez, jefe del Grupo de Policía Comunitaria, señaló que estas acciones buscan “brindar acompañamiento institucional, fortalecer la prevención y garantizar que la actividad turística y de transporte fluvial se desarrolle en condiciones seguras y dentro del marco legal”.

De igual forma, se compartieron recomendaciones de autoprotección y se recordó a la ciudadanía la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, a través de la cual pueden reportar oportunamente cualquier situación delictiva o riesgo que afecte la tranquilidad y seguridad de la comunidad.

En cumplimiento del compromiso institucional de fortalecer el acercamiento ciudadano y garantizar espacios de convivencia pacífica, el Grupo de Policía Comunitaria de la Estación Sur realizó una reunión estratégica con el comandante del CAI Santa Fe, el presidente de la Junta de Acción Comunal y habitantes del barrio La Granja, en el Parque Comfacor.

La Subteniente Andrea Ibañez, jefe del Grupo de Policía Comunitaria, destacó que estas mesas de trabajo permiten escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de la comunidad, reforzando la corresponsabilidad en la construcción de soluciones que contribuyan a mejorar la seguridad y el bienestar colectivo.

Durante el encuentro se abordaron las principales problemáticas que afectan la sana convivencia y seguridad ciudadana en el sector, identificando acciones conjuntas que permitan fortalecer el control institucional, el autocuidado comunitario y la participación activa de la ciudadanía.

La Policía Metropolitana de Montería reafirma que este tipo de escenarios continuarán desarrollándose en los diferentes barrios de la ciudad, como parte de la estrategia de trabajo articulado para consolidar comunidades más seguras, participativas y cohesionadas.

En cumplimiento de las acciones estratégicas de acercamiento comunitario y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la Policía Metropolitana de Montería, a través del Grupo de Policía Comunitaria de la Estación de Policía Cereté, adelantó una campaña educativa dirigida a comerciantes, usuarios y residentes del sector comercial y entidades bancarias del municipio, con el propósito de prevenir el hurto en todas sus modalidades y promover conductas de autoprotección.

La jornada estuvo liderada por la Subteniente Andrea Ibañez, jefe del Grupo de Policía Comunitaria, quien destacó que estas actividades buscan generar mayor conciencia sobre los riesgos presentes en entornos urbanos y fomentar la participación activa de la comunidad en la protección de sus bienes y entorno.

Durante la intervención se desarrollaron acciones orientadas a:

•       Fomentar el autocuidado y la adecuada protección de pertenencias personales.

•       Brindar recomendaciones de seguridad para evitar el hurto a personas.

•       Incentivar a la comunidad a reportar la presencia de personas sospechosas o situaciones irregulares en el sector.

•       Socializar los canales de contacto directo con la Policía, incluyendo el número del cuadrante, la Línea 123 y la Red de Apoyo al abonado 3132154171, para atención oportuna ante cualquier requerimiento.

La Policía Metropolitana de Montería reafirma su compromiso con la prevención, el acompañamiento institucional y la construcción de entornos seguros mediante el trabajo conjunto con la comunidad, reforzando el sentido de corresponsabilidad en la protección del territorio.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó una operación simultánea en los municipios de Chía, Cali y Pasto, logrando una contundente afectación a un grupo armado organizado que delinque en Nariño. Este resultado permitió la captura de tres de sus integrantes y la imputación de un cuarto, debilitando las estructuras responsables de hechos violentos y diversas actividades criminales en la región.

La intervención se desarrolló de manera articulada en Chía (Cundinamarca), Cali (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño), donde se logró la captura de tres miembros y la imputación a un cuarto integrante del componente armado del Grupo Armado Organizado Autodefensas Unidas de Nariño. Este avance representa un paso significativo en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en el departamento de Nariño.

La operación fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación criminal que incluyeron información de fuentes humanas, métodos especializados de verificación, cartografía delictiva, reconocimiento territorial y seguimiento detallado a los movimientos de los señalados. Este esfuerzo coordinado permitió identificar a los responsables y recolectar evidencia clave para su judicialización.

Los procedimientos llevaron a la captura de alias “Jhon MT” o “Chacal”, presunto cabecilla de comisión e investigado por su participación en el homicidio colectivo de Bayardo Melo, Johan Cortés y la líder social Yolanda Benavides en Linares; alias “Paisa” o “Saller”, presunto cabecilla de escuadra vinculado a homicidios selectivos, secuestros, extorsiones y cobro de gramaje en La Llanada y Sotomayor; y alias “Julito”, presunto integrante de escuadra y ejecutor de homicidios selectivos y actividades extorsivas en Linares y Sotomayor. Así mismo, se logró la imputación de alias “Ferrer”, quien presuntamente comandaba un grupo de 10 hombres y sostenía confrontaciones con otra estructura criminal en zona rural de Sotomayor. Durante el operativo también fueron incautados tres equipos celulares utilizados para la coordinación de acciones delictivas.

De acuerdo con la investigación, los capturados tendrían una trayectoria aproximada de tres años en delitos como homicidios selectivos, extorsiones, secuestros, cobro del impuesto al gramaje, confrontaciones armadas, desplazamientos forzados, control ilegal de zonas rurales y actividades relacionadas con el narcotráfico. Su presencia delictiva se extendía por los municipios de Puerres, Córdoba, La Llanada, Sotomayor, Samaniego y Linares, generando una notable afectación a comunidades rurales y campesinas.

Las autoridades también establecieron que estos sujetos actuaban en alianza con otras organizaciones armadas ilegales, con las cuales sostenían acuerdos para fortalecer su presencia en zonas estratégicas del departamento. Estas alianzas incluían mecanismos para reducir confrontaciones con grupos rivales, así como variaciones temporales de elementos distintivos para evitar enfrentamientos directos y facilitar su movilidad en corredores criminales.

Este resultado impacta de manera significativa el componente armado del Grupo Armado Organizado Autodefensas Unidas de Nariño, afectando a sus mandos, escuadras y líneas operativas dedicadas a actividades ilícitas en la región. La captura e imputación de estos individuos debilita la capacidad de la estructura para ejercer control territorial, intimidar a la población y sostener economías criminales basadas en el narcotráfico y la extorsión.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del departamento de Nariño, y continuará fortaleciendo sus capacidades para combatir de manera frontal a las organizaciones criminales que amenazan la vida, la convivencia y el desarrollo de las comunidades.

La Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional avanzó en un proceso clave de fortalecimiento operativo con la adquisición de 735 fusiles SIG Sauer calibre 5.56 mm y 5.106 pistolas SIG Sauer calibre 9 mm. Esta dotación tiene como propósito reforzar la capacidad de respuesta de las unidades policiales en el territorio nacional y asegurar un servicio más seguro y eficiente.

El Grupo de Armamento realizó mantenimiento de tercer nivel a 176 fusiles calibre 5.56 mm, con el fin de garantizar su óptima funcionalidad y prolongar la vida útil del armamento en servicio. Estas intervenciones técnicas contribuyen a mantener altos estándares de seguridad y desempeño en las operaciones policiales.

En el marco del Plan de Distribución Institucional, se efectuó la entrega de 1.740 pistolas SIG Sauer calibre 9 mm a diferentes unidades policiales, y se encuentra en curso la distribución de 1.130 pistolas adicionales en el resto del país. De igual manera, se avanzó en la entrega de 491 fusiles SIG Sauer calibre 5.56 mm y continúa el proceso de distribución de 420 fusiles adicionales destinados a otras unidades.

Con estas acciones, la Dirección Logística y Financiera reafirma su compromiso con la modernización institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional, garantizando armamento confiable y mantenimiento especializado para el cumplimiento de la misión.