En el marco de la estrategia Caldas Avanza Más Seguro, unidades de la Policía Nacional, a través de las capacidades investigativas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron una operación contra el microtráfico en el municipio de Chinchiná. El operativo dejó como resultado la captura en flagrancia de seis personas y la incautación de una importante cantidad de estupefacientes y armas de fuego.
Gracias a la oportuna denuncia de la comunidad, fue posible iniciar labores investigativas que se extendieron por aproximadamente tres meses. Este trabajo permitió identificar la estructura, jerarquía y dinámica de uno de los expendios de droga más grandes y lucrativos de la región. La operación culminó con tres diligencias de allanamiento y registro en el sector conocido como El Palito, del barrio Juan XXIII.
Entre los capturados se encuentra alias "Popeye", señalado como el principal dinamizador del tráfico local en este sector. Este individuo tendría una trayectoria criminal cercana a un año, tiempo durante el cual habría generado ingresos mensuales superiores a los 30 millones de pesos producto de la venta de estupefacientes. Asimismo, se logró establecer que dos de los capturados presentaban antecedentes judiciales por delitos relacionados con hurto y tráfico de drogas.
Durante los allanamientos fueron incautados:
- 12.000 gramos de marihuana
- 1.500 gramos de bazuco
- 1.500 gramos de clorhidrato de cocaína
- 3 armas de fuego
- 6 cartuchos calibre 38 mm
- 1 cartucho de escopeta
- 6 teléfonos móviles
- 3 grameras digitales
- $367.000 en efectivo
Estos elementos evidencian el funcionamiento de una estructura organizada, con roles definidos, logística criminal y métodos operativos propios de una empresa ilícita.
Las viviendas intervenidas cumplían funciones específicas dentro de la cadena delictiva. En la primera, las autoridades hallaron sustancias ya dosificadas y dispuestas para la venta, exhibidas a plena vista como si se tratara de un mercado informal, situación calificada como inusual por los investigadores. La segunda vivienda era utilizada exclusivamente para la dosificación, mientras que la tercera —ubicada en una zona de difícil acceso— servía como centro de acopio de estupefacientes sin dosificar y depósito de armas de fuego.
Ninguna de estas viviendas contaba con condiciones mínimas de habitabilidad; solo se encontraron algunas sillas, lo que sugiere que también eran empleadas como puntos de consumo. La venta estaba organizada mediante “campaneros” ubicados estratégicamente para alertar sobre la presencia de las autoridades y controlar el flujo de compradores, evitando aglomeraciones.
Este expendio, considerado el más activo del municipio, operaba bajo un sistema de turnos rotativos entre los integrantes del grupo, quienes se comunicaban mediante radios portátiles. Al finalizar su turno, cada miembro debía rendir cuentas en la tercera vivienda, que también funcionaba como centro administrativo y de control.
Debido a la complejidad del terreno —caracterizado por caminos angostos, inclinados y con curvas que ofrecían amplia visibilidad—, fue necesario un despliegue táctico especial. Los uniformados utilizaron drones para vigilancia aérea e ingresaron al área desde la vereda Alto Chuscal, atravesando cultivos de café. Esta estrategia permitió tomar por sorpresa a los delincuentes y neutralizar su sistema de alerta.
Las seis personas capturadas, entre ellas cuatro hombres y dos mujeres, con edades entre los 26 y 38 años, fueron presentadas ante la autoridad judicial competente. En audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, representando un avance significativo en la lucha contra el tráfico local de estupefacientes y sus delitos conexos, como el hurto y las lesiones personales, que afectan directamente la seguridad y la convivencia ciudadana en Chinchiná.
La Policía Nacional agradece la confianza de la ciudadanía, reitera su compromiso con la legalidad y continuará adelantando acciones operativas, preventivas y judiciales para desarticular estas redes delictivas, proteger a la comunidad y restablecer el control institucional en los territorios afectados por el crimen organizado.
